Si nos intervinieran, las instituciones de la Eurozona y de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional concederían un crédito de unos cuatrocientos o quinientos mil millones de euros a las administraciones públicas españolas que nos permitiría financiar el déficit y atender a los vencimientos de la deuda en circulación sin tener que recurrir a nuevas emisiones.
La concesión de ese crédito obligaría a España, además de a devolverlo, a aceptar las condiciones que nos impusiera esa ‘troika’ de nuevos acreedores. Las cuentas públicas quedarían oficialmente intervenidas, y si nos guiamos por las condiciones que se han exigido a los países que ya han sido rescatados, el impuesto sobre el valor añadido subiría al 23 por ciento, las administraciones públicas se verían obligadas a reducir sus costes laborales, bajando los sueldos de los funcionarios y despidiendo al personal contratado, y posiblemente tendrían que reformar el sistema de pensiones, la financiación de la sanidad y la educación públicas y la de las corporaciones locales y las autonomías.
La situación financiera de la banca española, y muy especialmente las de las cajas, se deterioraría muy rápidamente y probablemente se producirían nuevas intervenciones o quiebras. Además, casi con toda seguridad, nos impondrían una nueva reforma laboral que redujera los costes de despido y flexibilizara, esta vez de verdad y sin complejos, nuestro mercado de trabajo. Portugal, sin ir más lejos, se ha visto obligado a reducir la indemnización por despido a diez días por año trabajado.
Con casi total seguridad la recesión se agravaría y se prolongaría y muchos caeríamos en la tentación de desmoralizarnos y de empezar a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Menos mal que antes de que ocurra todo eso es casi seguro que el Gobierno de España se decidirá, por fin, a hacer "lo que sea necesario" para conseguir que la sangre no llegue al río.
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