POR QUÉ ESPAÑA NO ES UNA DEMOCRACIA

Muchos bien intencionados creen que la democracia se va construyendo con el tiempo, incluso partiendo de un sistema que, como el nuestro, alberga tantos vicios ocultos como se está evidenciando ahora, en el ámbito político la ausencia de los elementos básicos democráticos anula su definición.

A la democracia le ponemos muchos adjetivos, recuerdo que la miseria intelectual del antiguo presidente Rodríguez Zapatero le llevaba hasta el extremo de adjetivar hasta los buenos días (democráticos). Pero su definición como descripción de unas reglas de juego para conformar y legitimar el poder público es muy sencilla y los tres principios sobre los que se asienta también.

Por democracia entiende la ciencia política (lo que entiendan los médicos, los buzos o los taxistas no importa) aquel sistema que permite al conjunto total de sus ciudadanos elegir y controlar a sus gobernantes. El resto son florilegios, pura poesía o cinismo descarnado.

Dicho sistema está basado en tres principios fundamentales. El principio representativo, el de separación de poderes y el participativo. Nuestro sistema no es una dictadura, pues con la llegada de Internet, ya gozamos de todas las libertades civiles, con la excepción de las autonomías vasca y catalana, donde el fascismo nacionalista (no se extrañen tampoco, todo nacionalismo es fascismo en tanto que somete al individuo a un proyecto “superior” de raza, nación, imperio, religión o lo que sea) ha suprimido varias libertades básicas. Los regímenes políticos no se reducen a ser democracias o dictaduras, hay niveles intermedios que pudiéndose acercar más a algún polo que a otro, de ninguna forma se pueden identificar con ellos. ¿Qué son entonces las oligarquías? ¿El poder dictatorial y autoritario de un caudillo? No. ¿El poder del pueblo? Tampoco.

En España, la ley electoral existente hace que los diputados y concejales incluidos en las listas cerradas y bloqueadas existentes no representen a los ciudadanos y sí en cambio a sus jefes de partido que les colocan en las listas. A ellos obedecen y no a sus compromisos con los ciudadanos durante toda la legislatura. Es paradójico que el oligárquico mandato representativo del art. 67 de la CE se hay dejado de cumplir, no por la vía democrática del mandato imperativo del elector, sino por la del jefe de partido.

Tampoco hay separación de poderes real. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial dependen del Poder Legislativo que a su vez depende de las cúpulas de los partidos políticos. Por eso es lógico que se ataque al gobierno de turno cada vez que un alto tribunal falla una sentencia de transcendencia política.

Y qué decir de la participación ciudadana en la legislación de nuevas normas jurídica o en la destitución de los cargos electos, como manda la definición de democracia.

El régimen político español es una oligarquía de partidos o una monarquía de partidos como se prefiera. Nuestra constitución en términos democráticos, es un contrato nulo de pleno derecho, cuya solución pasa por un nuevo pacto en donde el consentimiento sea esta vez el del pueblo, no el de aquellos que se hacen pasar por sus representantes bajo un sistema electoral que lo imposibilita. Necesitamos un proceso constituyente para instaurar (no restaurar, pues no ha existido nunca) la democracia en España.

No es más que el AEIOU.

Lorenzo Abadía