Desempleados que cobran subsidio deben aceptar las ofertas que les buscan en las Oficinas de Empleo, y si hay negativa se debe sancionar y retirar la prestación.
Las agencias privadas de empleo tendrán mayor protagonismo en la reforma laboral que quiere el gobierno español, pues los servicios públicos de esa área han fracasado.
Se trata de impulsar el esquema de colaboración pública-privada que prepara la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, a fin de mejorar la colocación de trabajadores, que actualmente solo es del 3%.
Bañez comparece este martes ante el Congreso de los Diputados para explicar los planes de su departamento y los avances para esa reforma, que el gobierno quiere presentar este mes al Parlamento.
En teoría los trabajadores sin empleo y que cobran subsidio al desempleo deben aceptar las ofertas de trabajo que les buscan en las Oficinas de Empleo, y si hay negativa se debe sancionar y hasta retirar la prestación, lo que no se cumple.
La partida de subsidios al desempleo alcanzó el año pasado 30 mil millones de euros (mdd) y el nuevo gobierno de Mariano Rajoy la quiere mantener pero hacerlo de forma más efectiva.
La intención es que esas oficinas de empleo mantengan la función del pago del subsidio y registro de desempleados, mientras las agencias privadas negocien con las comunidades autónomas convenios para la colocación en sectores específicos.
Se considera que así se reduciría la incidencia de incumplimiento ante la negativa de un trabajar a aceptar un empleo ofrecido que no le guste.
La propuesta es que, al igual que en otros países europeos, estas agencias cobren sólo por los servicios prestados y rindan cuentas mensuales al Ministerio.
Las agencias privadas funcionan en todos los países de la Unión Europea (UE), excepto en Luxemburgo, y en España están presentes desde 1995.
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