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| Comisión Nacional de Administraciones Locales |
El Gobierno ha forzado la máquina para ofrecer una vía de escape a los Ayuntamientos, que acumulan miles de millones de euros en deudas con sus proveedores. Y que, a diferencia de las comunidades autónomas, apenas tienen margen para captar financiación externa. En menos de un mes, el Ejecutivo ha aprobado dos decretos ley y ha cerrado una intensa negociación con la banca. Pero la contrapartida al crédito de 20.000 millones con el que las entidades locales pagarán sus facturas (se han recabado otros 15.000 para las comunidades) será severa: las cuentas municipales podrán ser revisadas por la Intervención General del Estado, a la que se le da incluso la potestad de encargar “actuaciones de control” a auditorías privadas.
Desde el principio, el Gobierno ha ligado este plan de auxilio a que los Ayuntamientos garanticen que tendrán recursos para devolver los préstamos, que cuentan con el aval estatal. Por esa razón, las entidades locales deben presentar planes de ajuste antes de final de mes. Y ha aprovechado cada nueva norma para blindarse ante la eventualidad de retrasos o impagos. El primer decreto ley, aprobado hace dos semanas, y convalidado este jueves en el Congreso, desvelaba que el Ministerio de Hacienda podría retener la participación en los ingresos tributarios del Estado a los municipios que no realicen esos planes o los incumplan.
Los planes de ajuste forzarán a los Ayuntamientos a reducir gastos o elevar sus tasas para garantizar el pago de los préstamos. Pero el Gobierno, además, ha desarrollado un sistema de alarma temprana para detectar esos posibles incumplimientos cuanto antes. Un sistema que implica una vigilancia mucho más estrecha sobre las cuentas municipales.
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