Los cargos públicos que falseen las cuentas u oculten datos de naturaleza contable, conducta que será tipificada como delito tras la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, podrán ser castigados con hasta diez años de inhabilitación y la correspondiente multa.
En los casos más graves, aquellos en los que pueda considerarse que ha habido "verdadero falseamiento u ocultación" de datos contables "ligados al cumplimiento de la normativa presupuestaria", la conducta será constitutiva de delito y castigada con una pena de inhabilitación de hasta diez años.
Aunque no se prevé pena de prisión para este nuevo delito, la vicepresidenta ha recordado que se establece una pena de multa y que ésta, "si no se cumple, se sustituye por la pena de prisión".
Otras infracciones -que pueden ser graves o muy graves- no se consideran delito, pero sí darán origen a un procedimiento sancionador y podrán llevar aparejada la destitución de los cargos públicos y la imposibilidad de ser nombrados para otro durante un periodo de entre cinco y diez años.
También tendrán esa consideración la ausencia de justificación de los fondos con arreglo a la ley de subvenciones, el incumplimiento deliberado de la obligación de reducir el nivel de deuda pública en los términos previstos por la ley y el incumplimiento de las medidas de corrección previstas en la futura ley de estabilidad presupuestaria.
Levante-emv
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