Después de los intentos fallidos del anterior Gobierno y de un primer amago al principio de la actual legislatura, el Ejecutivo, los principales partidos y los alcaldes han retomado los contactos para aprobar durante este semestre una reforma que marque un antes y un después en la vida municipal.
El Gobierno ha incluido dentro del Plan Nacional de Reformas, del que forman parte más de cuarenta iniciativas legislativas de cara a marzo de 2013, una nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que delimitará las competencias municipales y evitará duplicidades.
El Ejecutivo ha llegado a cifrar en 3.500 millones de euros el ahorro que supondría poner en marcha esta nueva ley, que irá también acompañada de una reducción del número de concejales a través de un cambio en la Ley Orgánica de Régimen Electoral.
Se trata de una serie de modificaciones en la vida local de gran complejidad y que requieren de un gran consenso, según han resaltado desde el Gobierno y los municipios, que llevan ya meses tratando tanto en público como en privado este proyecto.
El propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reiterado en las intervenciones parlamentarias en las que ha tratado este cambio en los ayuntamientos su voluntad de llegar a un consenso tanto entre partidos políticos como con las entidades locales.
Su ministerio sigue trabajando en este proyecto con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con las comunidades autónomas, según han dicho a Efe fuentes del departamento, que han especificado que se negocia el documento que vio el Consejo de Ministros en julio, aunque ha sufrido algunas variaciones desde entonces. El PP y el PSOE también arrancaron la semana pasada las negociaciones para intentar consensuar esta reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.
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